Redes sociales y libertad de expresión

Debo serte honesta, este caso me ha generado muchas interrogantes que aun no tengo claras, pero decidí escribir sobre él, porque quizás rebotando ideas contigo pueda obtener otro punto de vista que me ayude a hacer un análisis más profundo del mismo.

Probablemente leíste en algún medio acerca de la demanda que la Ex-presidenta de la República de Costa Rica, Laura Chinchilla, hizo en contra de un famoso empresario del sector turismo de ese país, por haber realizado unas denuncias en contra de ella a través de su página de Facebook. Si no conoces el caso aquí va un resumen de lo acontecido.

Los hechos

El 14 de Junio de 2013, cuando Laura Chinchilla aun era presidenta de Costa Rica, el empresario Alberto Rodríguez Baldí publicó en su muro de Facebook lo siguiente:

En esa oportunidad, Chinchilla señaló que “el único patrimonio que puedo justificar ante los costarricenses es el que se deriva de las dos únicas fuentes de ingreso de mi familia, por un lado mi salario como presidenta y la pensión de mi marido. Cualquier persona que sugiera algo diferente tendrá la obligación de demostrarlo o estará levantando un falso … Cualquier persona que verdaderamente valora su honra está dispuesta a defenderla y es lo que haré como cualquier otro ciudadano”.

La ex-presidenta acusó a Rodríguez Baldí de difamación y el pasado 14 de julio 2014, el juicio dio inicio, culminando el 21 de julio con la  decisión por unanimidad de absolver al empresario demandado. En la sentencia el tribunal expresó que el texto no era ofensivo y que un funcionario público debe tener un margen de tolerancia a las críticas, más amplio de lo que tiene cualquier ciudadano común.

Laura Chinchilla va a apelar la decisión y es probable que en los próximos días tengamos, más para conversar de este caso.

Varias líneas de análisis

Al leer sobre este caso se me plantearon varias preguntas que creo que pueden ser útiles para continuar la discusión acerca de la libertad de expresión, las redes sociales y los delitos de opinión. No me voy a meter a discutir acerca de si la denuncia es real, que por cierto no es poca cosa y ha recibido muy poca prensa en Costa Rica. En todo caso, la discusión acerca del enriquecimiento de los funcionarios públicos deben ser una constante en la agenda de cualquier democracia sana.

Mi primera línea de análisis  (que ya tocaba en un artículo anterior) está vinculada a la típica reacción que tienen los políticos, por lo menos algunos de los que veo aquí en América Latina, de responder cualquier crítica o denuncia con una velocidad pasmosa, atacando con mucha contundencia al denunciante o crítico pero sin ofrecer ni una sola prueba que muestre que lo dicho está equivocado. Tod@s se centran en defenderse ferozmente pero con las herramientas equivocadas. Y digo equivocadas porque a mi me parecería mucho más lógico que en lugar de iniciar un juicio por difamación, la señora Chinchilla hubiese presentado su declaración de bienes y así con la herramienta de la transparencia callar cualquier crítica o comentario.

Lo anterior me lleva a la segunda línea de análisis y que va en concordancia con la sentencia. Las personas en cargos públicos deben saber que su actuación está sujeta al escrutinio de la población en general. En ese sentido, las críticas, denuncias o comentarios a sus actuaciones son parte de esa relación entre representante y representados. Sin embargo, últimamente he visto que president@s, ministr@s, jueces, entre otros funcionarios, han desarrollado una aversión absoluta a la crítica o al disenso lo que contribuye muy poco a profundizar en la democracia. Los ciudadanos tenemos el absoluto derecho de cuestionar, denunciar y pedir explicaciones acerca de las acciones de las personas en ejercicio de funciones públicas, eso es lo que llaman el ejercicio de la libertad de expresión, y no podemos ser penalizados por ello.

Otro punto que llamó poderosamente mi atención de este caso fue el medio utilizado para la denuncia. El señor Rodríguez Baldí, la hizo a través de su muro de Facebook, sin violar ninguna de la normativa impuesta por el canal. Me llamó la atención porque este caso es el reflejo de los escenarios comunicacionales en los que estamos viviendo. Como te he dicho en otros artículos, hoy las redes sociales son los verdaderos canales a través de los cuales los consumidores y ciudadanos expresan sus gustos y disgustos bien sea con las marcas o con l@s gobernantes.

De haber ganado la señora Chinchilla la demanda, hubiese sentado un precedente, que ameritaría una discusión profunda acerca de los temas de libertad de opinión y de uso de redes sociales personales para emitir juicios. Es un juego delicado comenzar a penalizar opiniones emitas por estos canales. Para nada quiero implicar que las redes sociales deben ser el cobijo para destruir personas y carreras, creo que allí la sociedad debe avanzar en la discusión para evitar que se comience a poner barreras para la libre circulación de opiniones a través de esos canales.

Como dije al iniciar el artículo, siento que aun hay que trabajar en el análisis de los temas que este caso saca a flote. Creo que es una excelente muestra de los retos que como sociedad tenemos en materia de libertad de expresión y democracia.

Ayúdame con este análisis, cuéntame qué opinas.